La congresista y ex ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que plantea que los reclusos trabajen de manera obligatorio con el fin de sostener su propia manutención.
Esta propuesta, que se encuentra dentro del Proyecto de Ley 5604/2022-CR, busca modificar el artículo 23 de la Constitución Política de Perú con el fin de poder lograrlo
El artículo 23 de la Constitución de 1993, indica:
(—) Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, salvo, las personas sentenciadas por delitos y que se encuentren privados de su libertad, quienes sí están obligadas a trabajar según sus condiciones de salud y con su debida retribución con la finalidad de pagar su propia reclusión y la reparación civil a la víctima.»
Las opiniones frente a esta propuesta están divididas, llamándola en algunos casos populista, sin embargo, este tipo de propuesta no es nueva en nuestro país. En febrero del 2022, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza presentó un proyecto de ley con la misma finalidad.
Gonza indicaba que las ganancias de este trabajo obligatorio no solamente servirían para la manutención de los propios reos, sino también para sostener a sus familias, generar ahorros y, de ser necesario, pagar la reparación civil originada a los agraviados.
El congresista de Perú Libre incluso brindó una propuesta de distribución de las ganancias mencionadas:
- El sueldo iría al mismo centro penitenciario para cubrir el total del costo de manutención del reo.
- Una vez cubierto este, el 50% del restante serviría para cubrir el costo de la reparación civil y lo demás, sería destinado a la familia de encarcelado.
Frente a la propuesta de Gonza, el abogado del INPE, Marco Agüero Moreno, señaló que a la iniciativa le falta conocimiento con respecto al sistema penitenciario.
Él menciona que para que los reos realmente puedan realizar obras y, especialmente, obras públicas, se debe incrementar el personal de seguridad y el transporte necesario, y que estos nuevos gastos son vitales para determinar si realmente esta iniciativa generaría un ahorro.
La diferencia entre el proyecto de ley de la congresista Ugarte y el congresista Gonza se centra en que el congresista de Perú Libre propuso que el trabajo será solo obligatorio a ciudadanos que estén sentenciados y no a quienes aún esperan condena.
Según el ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, el Estado Peruano gasta aproximadamente 5mil soles mensuales en cada interno del Perú, lo que lleva los costos de encarcelamiento a $14mil millones al año, correspondientes al 0.4% del Producto Bruto Interno.
Es necesario revisitar estas cifras en comparación a los gastos que incluir mayor personal de seguridad y transporte originarían al Estado, pero también queda en el aire el tema ético.
Desde una visión histórica, el trabajo forzado ha sido una práctica asociada a sistemas opresivos, como la esclavitud, y esta ley podría evocar reminiscencias preocupantes. La labor social puede contribuir con seguir trabajando en el país y ayudar a reintegrar a los reos a la sociedad, siempre y cuando no se convierta en un sistema de mano de obra gratuito.
El objetivo principal de las cárceles es separar a los presos de la criminalidad y rehabilitarlos trabajando en su reinserción en la sociedad, lo que hace que esta propuesta sea atractiva. Pero someter a los presos a un sistema de trabajo forzado puede que no logre eso del todo.
El Proyecto de Ley 5604/2022-CR deja abiertas algunas preguntas esenciales a considerar y que, si no se resuelven con cautela, podrían empujar al país a terrenos peligrosos y empañar los avances en materia de derechos humanos y justicia social.
