Las últimas semanas de Julio han estado plagadas de razones por las cuales las políticas de protección a los niños, niñas y adolescentes deben ser reforzadas.
En el Perú, existen regulaciones como la Constitución de 1993, el Código de los Niños y Adolescentes a nivel legislativo y el Plan Nacional de Acción por la Infancia 1996-2000 que tienen como fin la protección de los derechos de los niños. Estas regulaciones establecen programas y políticas que buscan garantizar el desarrollo y protección de los niños y niñas.
Sin embargo, por más detalladas que estén estas políticas en el papel, muchas veces quedan cortas frente a los problemas reales que enfrenta la niñez de nuestro país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este año un informe de Situación de Derechos Humanos en Perú en el que analizó el tratamiento de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. En este, se nombran varias ocasiones en las que el Estado y la Policía han vulnerado los derechos de los niños y niñas peruanos.
Todo esto, sumado a los casos de abuso sexual y físico que enfrentan los niños del Perú en su día a día, demuestran que las políticas, leyes y programas de protección infantil deben ser adaptada con urgencia y efectividad a la práctica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este año un informe de Situación de Derechos Humanos en Perú en el que analizó el tratamiento de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. En este, se nombran varias ocasiones en las que el Estado y la Policía han vulnerado los derechos de los niños y niñas peruanos.
Todo esto, sumado a los casos de abuso sexual y físico que enfrentan los niños del Perú en su día a día, demuestran que las políticas, leyes y programas de protección infantil deben ser adaptada con urgencia y efectividad a la práctica.
Pensar en políticas que protejan a los niños y niñas, no es solo pensar en el bienestar de ellos, sino también en una sociedad más igualitaria, consciente y justa.
Un claro ejemplo
A inicios del mes de agosto, América Televisión retiró de sus pantallas el programa “Emprendedor Ponte Las Pilas” por haber vulnerado los derechos fundamentales de varias niñas al exponerlas en ropa interior en un desfile de lencería.
Este caso demuestra que no existió una supervisión eficiente a las familias de las niñas ni una regulación sólida en la televisión que determine en qué tipo de contenido pueden o no participar.
La normalización de este tipo de comportamientos puede conducir a la explotación sexual, normalización del abuso sexual y la matrimonio infantil, indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En conversación con Infobae, Henry Aguilera Rodríguez, director general de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, declaró:
“Solicitamos que, en aplicación del Principio del Interés Superior del Niño, se revise cuidadosamente el contenido de los programas a fin de evitar la exposición de NNA en situaciones que afectan su integridad moral y normal desarrollo integral”
Frente a lo sucedido, América TV indicó que reforzará sus políticas internas, mientras que el MTC rechazó la práctica y exhortó al canal a “adoptar acciones que como titulares de servicio de radiodifusión les compete, a fin de evitar situaciones que puedan generar perjuicios a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”.
El Estado peruano no puede limitarse a crear legislaciones que se queden en el papel y este caso es una muestra. Además de los comunicados de ambos el MTC y el MIMP, ni el canal ni los padres de las niñas que formaron parte de ese programa sufrieron consecuencia alguna.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada día 16 niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en el Perú. Y esas cifras se reconfirman a través de los datos provenientes de los Centros Emergencia Mujer y del Ministerio de la Mujer que analizan las más de 50mil denuncias recibidas entre el 2018 y el 2022.
Por este motivo, es de vital importancia que las políticas se puedan transformar a acciones concretas, que ayuden no solo a castigar los comportamientos como estos que vulneren a los niños, sino que también ayuden a educar una sociedad más justa, consciente, respetuosa e igualitaria.
